Fundamento del cambio

La Ley de Medios Audiovisuales tiene sólo dos posiciones: los que están a favor y los que están en contra. Con motivos justificados o no, cada cual mantiene su posición sin dejar de afirmar estar a favor del pueblo y de la libertad de opinión. Cual religión que afirma que su dios es el único, los políticos dicen ser dueños de la verdad. El problema es cuando utilizan el fanatismo por sobre las ideas.

Por Juan I. Muela

La comunicación no es sólo un derecho de los ciudadanos, es también una obligación y una responsabilidad para quien comunica. Porque si bien cada medio tiene la libertad de informar lo que cree que es la verdad y cada persona elige informarse a través del medio que considera más conveniente, es importante aclarar que el Estado, como regulador omnipresente debe garantizar que esa persona tenga a su disposición todas las voces posibles para poder elegir, realmente, como informarse.

Porque si tenemos un mercado en el que sólo unos pocos grupos económicos, relacionados entre sí en muchos aspectos, son los que poseen los medios escritos predominantes, los canales de aire más vistos, la distribución del cable, son (eran) los dueños del fútbol, entre otras cosas, el Estado, y es su obligación como tal, debe intervenir para garantizar la pluralidad de opiniones.

Hay diputados y senadores de nuestro congreso que salieron en defensa de las empresas privadas, alzando la bandera de la libertad de expresión y del pueblo, pero sin argumentos válidos para justificar su postura. Porque si bien uno puede oponerse a algo, lo que sea, debe hacerlo fijando una posición. Porque decir que hay que esperar hasta diciembre es pedir cerrar el Congreso por el resto de este año. Porque decir que esta ley atenta contra la libertad de expresión es haber obviado el artículo 7 de la ley de los militares que dice, textualmente que “…el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley.

O cuando se dice que el gobierno lo hace para controlar a los medios, obviando la oposición el artículo 14 de la nueva ley que dice, en resumen, que la nueva Autoridad de Aplicación estará compuesta por un directorio de 10 funcionarios, de los cuales sólo dos serán designados por el Poder Ejecutivo. Mientras que en la anterior ley, el poder recaía enteramente en el presidente de turno, quien designaba a su antojo, como lo indica el artículo 96.

La oposición dice, pero no demuestra. La falta de debate es sólo una consecuencia de la ineptitud de diputados y senadores cercanos al establishment, quienes en el momento donde se deben exponer las ideas, escaparon bajo la cobija mediática que necesita mantener el status quo, que desea fervientemente que nada cambie, porque así, no sólo mantienen lo que tienen, sino que seguirían en su avance multimedial.