Introducción
En el diario de las sesiones del 27 y 28 de abril de 1988, el diputado justicialista José Humberto Martiarena afirmó que “el imperialismo no es una ficción sino una realidad. Ya no es el imperialismo del ejército invasor, que se apodera de fragmentos de países vecinos o no vecinos; ya no es el imperialismo del siglo anterior al pasado. Ahora el imperialismo es más dúctil, más sutil. Es la penetración de los capitales transnacionales, convertidos en superpotencias por encima de los gobiernos, de las organizaciones y de los Estados, que no solamente buscan un lucro razonable, legítimo, genuino, sino que penetran con el ansia incontenible de dominar todas las estructuras del Estado…”.
Contexto histórico
Corría el año 1907 y luego de meses y vastos territorios explorados, fueron descubiertos los primeros pozos petrolíferos en Comodoro Rivadavia, Chubut. Tres años después, el entonces presidente Roque Sáenz Peña creó la Dirección General de Explotación del Petróleo antecedente inmediato a la creación, por decreto del poder ejecutivo del 3 de julio de 1922, de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Desde el gobierno de Marcelo T. de Alvear, quien nombró al Coronel Enrique Mosconi al frente de YPF, se forjó una ideología nacionalista del petróleo. Incluso con la llegada de los golpistas del ’30, la defensa de la riqueza que nacía de la tierra era una prioridad, lo cual queda demostrado con la sanción de las leyes 11.668 (Ley Orgánica de YPF) y 12.161 (Ley Nacional del Petróleo). Fue durante el gobierno peronista que se recurrió, ante la imposibilidad de adquirir material de perforación debido a la segunda guerra mundial y ante el aumento de la demanda debido al Plan Quinquenal, al capital privado a través de una serie de contratos con la California Argentina de Petróleo (SOCAL), subsidiaria de la Standard Oil.
A fines de 1958 se autorizó la nueva Ley de Hidrocarburos (N° 14.773) por la cual se modificó la Ley 12.161 y estableció el dominio nacional de combustibles, delegando la responsabilidad de las actividades petroleras a YPF otorgándole un papel protagónico a nivel nacional. Sin embargo, se firmaron una gran cantidad de contratos con empresas privadas de hasta 40 años de duración. Pero con el triunfo de Arturo Illia, de la Unión Radical Cívica del Pueblo en 1963, comenzó una nueva nacionalización, anulándose todos los contratos por no estar aprobados por el Congreso Nacional.
Fue durante el Proceso de Reorganización Nacional comandado por la Junta Militar el que comenzó el vaciamiento de la empresa estatal otorgándole a las compañías el aparato petrolero en pleno funcionamiento y totalmente gratis, pasando el Estado a convertirse en su principal comprador. El modelo económico de la dictadura militar basado principalmente en las rentas agropecuarias y financiera y los préstamos tomados a través de la empresa para sanear las corruptas arcas nacionales dejaron una deuda de 4.300 millones de dólares.
De esta manera, el gobierno democrático de 1983 se encontró, no sólo con una deuda externa descomunal, sino también con el impresionante endeudamiento de YPF. Ante esta situación, el gobierno de Raúl Alfonsín comenzó una etapa exploratoria llegando a u promedio de 117 pozos exploratorios mejorando el horizonte de reservas de gas, también se realizó la reconversión de las refinerías y se comenzó un programa de sustitución de combustibles líquidos por gas natural. Al dejar el gobierno en 1989, YPF tenía 50.000 empleados (de los cuales 15.000 eran temporarios).
Proceso de privatización
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Con esta premisa, el gobierno de Carlos Menem comenzó una etapa de privatizaciones en las que estaba incluida Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La Reforma del Estado (Ley N°23.697) impulsada por el gobierno peronista dio su puntapié inicial el 17 de agosto de 1989, a sólo 40 días de haber asumido, con la sanción de la Ley de Emergencia Económica y Administrativa (N°23.696) la cual se compone de los siguientes capítulos, resumidos por el Centro Argentino de Estudios Internacionales[i]:
Capítulo 1 : DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA
En donde se declara en situación de emergencia la prestación de los Servicios Públicos, así como la situación financiera de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada (Artículo 1). Se autoriza también, en su artículo 2, al Poder Ejecutivo la intervención de todos los entes del Estado Nacional.
Capítulo 2 : DE LAS PRIVATIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL
PRIVADO
El artículo 14 establece la creación de una Comisión Bicameral, en el ámbito del Congreso Nacional, integrada por seis Senadores y seis Diputados, atribuyéndole la facultad de decretar sujeta a privatización a aquellos organismos del Estado Nacional que el Poder Ejecutivo haya considerado necesario desregularizar.
El artículo 17 establece las modalidades previstas para la concreción de las privatizaciones, como sigue:
1. Venta de los activos de las empresas;
2. Venta de acciones;
3. Locación con o sin opción de compra, por plazo determinado;
4. Administración con o sin opción a compra por plazo determinado;
5. Concesión, licencia o permisos;
El artículo 18 por su parte, establece el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN de las empresas oferentes, tendiente a asegurar la “máxima transparencia y publicidad, estimulando la concurrencia de la mayor cantidad de interesados”. Según lo establecido en el mismo, los procedimientos serán:
1. Licitación Pública, con o sin base;
2. Concurso Público, con o sin base;
3. Remate Público, con o sin base;
4. Venta de acciones;
5. Contratación directa;
Es interesante señalar el parámetro de selección de oferentes: “La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad”.
Este fue uno de los pasos a seguir para ingresar plenamente al modelo neoliberal[ii] siguiendo al pie de la letra el Consenso de Washington y del Secretario del Tesoro estadounidense:
1. Privatización;
2. Desregulación;
3. Apertura y
4. Subordinación del trabajo al capital.
Con respecto a la aplicación de las políticas privatistas, el CAEI resalta una serie de aspectos cuestionables: subvaluación de activos, despreocupación por el saneamiento previo de las empresas, deficiencias e insuficiencias regulatorias y normativas, desatención en materia de defensa de la competencia y del competidor y distorsiones en la estructura de precios y rentabilidades relativas de la economía.
YPF era una gran compañía petrolera verticalmente integrada. Antes de vender las acciones de la empresa, se llevó a cabo una profunda reestructuración. Los activos y actividades fueron clasificados de acuerdo con su rentabilidad y estrategia. De esta manera YPF retuvo activos y actividades que definían sus posibilidades de rentabilidad en mercados competitivos, concesionó activos no estratégicos pero rentables (como los relacionados con la exploración y producción) y se desprendió de activos y actividades no estratégicos y de rentabilidad limitada como refinerías, oleoductos y transportes.
Las acciones de YPF S.A. resultantes luego de la reestructuración fueron divididas en acciones clase A (51%) asignadas al gobierno nacional, acciones clase B (39%) asignadas a los gobiernos de las provincias en cuyo suelo se hallaban las reservas, y el 10% restante fue reservado para el Programa de Propiedad Participada (PPP). La venta de las acciones de los gobiernos nacional y provincial efectuada en 1993 se hizo a través de la oferta global en el mercado argentino e internacional. El monto obtenido por el 45.3% de las acciones de YPF ascendió a U$S 3040 millones. En ese mismo año el gobierno rescató títulos de deuda pública por un valor nominal de U$S 1064 millones (valor efectivo U$S 749 millones) entregando acciones de YPF representativas del 11.2% del capital y canceló deuda con los jubilados por un valor nominal de U$S 207.5 millones con la entrega de acciones de YPF (1.9% del capital). De esta manera a fines de 1993 el 58.4% de las acciones estaba en manos privadas, el estado retenía 31.6% (20.3% el Estado Nacional y 11.3% las provincias) y el 10% restante era propiedad de los empleados a través del PPP. Durante el año 1995 las provincias reducen gradualmente su participación hasta llegar en marzo del 96 a 4.7%.
La empresa pasó a ser 100% privada en 1999. En enero de ese año el Estado Nacional vendió el 14.99% de las acciones a la empresa española Repsol a un precio de U$S 38 por acción recaudando U$S 2010 millones. En junio, Repsol realiza una oferta pública de adquisición por el total de las acciones de YPF a un precio de U$S 44.78 por acción. Tanto el Estado Nacional como los provinciales vendieron sus acciones recaudando U$S 838 millones y U$S 743 millones respectivamente. Con esta operación, Repsol pasó a controlar el 98% de las acciones de YPF.[iii]
Situación actual de Repsol-YPF
Al 30 de junio de 2009, el capital suscripto es de 3.933 y está representado por 393.312.793 acciones ordinarias, escriturales, divididas en cuatro clases de acciones (A, B, C y D) de valor nominal $ 10 con derecho a un voto por acción que se encuentra totalmente suscripto, integrado y autorizado a la oferta pública.
Al 30 de junio de 2009, Repsol YPF, S.A. (“Repsol YPF”) controla la Sociedad, mediante una participación directa e indirecta del 84,04%, mientras que Petersen Energía S.A. (“PESA”) y sus sociedades afiliadas ejercen influencia significativa mediante una tenencia del 15,46% del capital de la Sociedad. Adicionalmente, Repsol YPF otorgó a ciertas personas afiliadas de PESA una opción de compra para adquirir hasta un 10% adicional del capital accionario de YPF en poder de Repsol YPF.
Distribución accionaria al 21 de mayo de 2009[iv]
Clases
|
Total acciones por clase
|
Porcentajes por clases
|
Accionista
|
Tenencia
|
Porcentaje
|
"A"
|
3.764
|
0,001%
|
Estado Nacional (Ministerio de Economía)
|
1.000
|
0,0003%
|
|
Caucionadas causa Giuliano
c/Nación Argentina
|
2.764
|
0,0007%
|
"B"
|
7.624
|
0,002%
|
Provincia de Chubut
|
7.308
|
0,0019%
|
|
Provincia de Formosa
|
316
|
0,0001%
|
"C"
|
65.949
|
0,017%
|
Programa de Propiedad Participada
|
65.949
|
0,0167%
|
"D"
|
393.235.456
|
99,980%
|
Grupo Repsol
Grupo Petersen
Floating
|
330.551.981
60.813.798
1.869.677
|
84,0430%
15,4619%
0,4754%
|
TOTAL
|
393.312.793
|
100,000%
| |
393.312.793
|
100,0000%
|
YPF fue demandada junto a otras empresas concesionarias de explotación y exploración de petróleo por la Asociación Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA). Acusadas de provocar un importante daño ambiental supuestamente al realizar la actividad hidrocarburífera, se le reclama la restauración ambiental y que adopte las medidas que permitan evitar los daños ambientales.
En diciembre de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto N°1.252/2000, otorgó la prórroga de la concesión de explotación de varias áreas de las cuales YPF es titular, venciendo ahora en 2017. A partir de la resolución N° 459/7 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y con el objetivo de mitigar la escasez de gas y electricidad, YPF comenzó las gestiones operativas pertinentes. Por ejemplo, mediante acuerdos con la estatal ENARSA mediante el cual acordaron realizar exploraciones offshore de la argentina, las cuales no han sido exploradas en su totalidad, destacándose la nueva plataforma en el denominado mar de Malvinas, a 280 kilómetros de Tierra del Fuego.
Conclusión
Cuando el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem decidió comenzar con las privatizaciones marcó el camino a seguir durante los próximos años. La mínima presencia estatal en las empresas, la aceptación de los dictámenes que llegaban desde Washington, la corrupción, la desprolijidad reguladora, la inmoralidad, la mentira.
Las políticas neoliberales impuestas por el FMI y compañía sobre los países subdesarrollados provocaron el vaciamiento de las estructuras estatales quitándole posibilidades de desarrollo a pequeñas economías. Desde luego que las políticas “sugeridas” jamás serian aplicadas en sus territorios.
Con la Ley de Reforma del Estado que abría las puertas de las privatizaciones también se debieron crear los respectivos organismos controladores: los Entes Reguladores. Al despojarse de las empresas de servicios, el Estado no pierde la obligatoriedad de asegurar la prestación a la población de dichos servicios, ejerciendo el poder de policía propio del Estado.
Esta nueva relación entre lo público y privado afectó directamente al ciudadano, quien quedo indefenso ante empresas con fines meramente lucrativos, con un escaso control Estatal infectado por la corrupción estructural desde la creación misma de cada Ente Regulador.
El Estado, como soberano, debe asegurar las prestaciones de los servicios necesarios tanto para el ciudadano común como para el desarrollo económico, ya sea como prestador directo de los servicios o como regulador. Pero la falta de una política de Estado provoca un constante cambio en las reglas de juego, tanto para el ciudadano como para las empresas privatizadas, y es el pueblo, como real soberano nacional, el que debe establecer, a través del sistema democrático, las políticas a seguir.
[i] Las privatizaciones en la Argentina de los ’90, Federico Javier Menin, Matías Christian Cerdá, www.caei.com.ar
[ii] Teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención de Estado. Microsoft Encarta 2008.
[iii] El proceso de privatizaciones en la Argentina desde una perspectiva del Balance de Pagos, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales Subsecretaría de Programación Macroeconómica Secretaría de Programación Económica y Regional
[iv] Fuente: Estados contables al 30 de junio de 2009 www.ypf.com/ar_es
Bibliografía
Federico Javier Menin, M. C. (2006). Las privatizaciones en la Argentina de los '90. Centro Argentino de Estudios Internacionales, Programa Economía Internacional. Buenos Aires: CAEI.
Mabel Thwaites Rey, (2003). La (des)ilusión privatista. Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.
Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Orietta Favaro, (2007). Revista Todo es Historia. La privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Efectos en áreas petroleras de provincias.
El proceso de privatizaciones en la Argentina desde una perspectiva del Balance de Pagos, Dirección Nacional de Cuentas Internacionales Subsecretaría de Programación Macroeconómica Secretaría de Programación Económica y Regional
YPF Sociedad Anónima, Estados Contables al 30 de junio de 2009. Informe de los Auditores independientes. Informe de la Comisión Fiscalizadora.
